Vivienda Justa para las personas con antecedentes penales

Regla de Antecedentes Penales de HUD

La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la pertenencia a grupos llamados clases protegidas. Estas clases incluyen raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado familiar y discapacidad. Si bien la ley federal no prohíbe la evaluación de antecedentes penales, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) publicó una guía sobre cómo la Ley de Vivienda Justa se aplica a las políticas de vivienda con respecto a las verificaciones de antecedentes penales.

Las verificaciones de antecedentes penales a menudo se utilizan como criterios de selección para viviendas de alquiler para determinar los solicitantes calificados. Para aquellos con antecedentes penales, estas pruebas se han convertido en una barrera para obtener vivienda. Muchas personas anteriormente encarceladas, que han pagado su deuda con la sociedad, se enfrentan a sanciones continuas fuera de los tribunales al ser excluidas de gran parte del mercado de la vivienda.

HUD reconoce las disparidades raciales y étnicas en el sistema de justicia penal, incluidas las tasas desproporcionadas y desiguales de arrestos y condenas, y las sentencias más severas de los afroamericanos y las poblaciones latinas en particular. El resultado de esta disparidad es una carga desproporcionada para estas clases protegidas, lo que puede ser una violación de la Ley de Vivienda Justa. Por lo tanto, HUD ha publicado una guía para abordar este obstáculo de vivienda. En 2016, HUD emitió una guía sobre la aplicación de los Estándares de la Ley de Vivienda Justa al uso de la detección de antecedentes penales en transacciones relacionadas con la vivienda.

• Esta guía prohíbe a los propietarios: 
• Negar la vivienda basándose en los registros de arresto.
• Prohibiciones generales a cualquier persona con antecedentes penales.
• Realizar verificaciones de antecedentes de manera inconsistente, realizándolas en algunos y no en otros basados en estereotipos o miedo.
• Además, un propietario debe: 
• Considere a las personas caso por caso y evalúe la naturaleza y la gravedad del delito, y considere el tiempo que ha pasado desde que se cometió ese delito.
• Tome una determinación basada en hechos y pruebas, y no en una amenaza percibida.

Negación basada en antecedentes penales

A las personas se les puede negar legalmente la vivienda si sus antecedentes penales recientes las hacen peligrosas y un riesgo para otros inquilinos o vecinos. La negación debe basarse en pruebas fiables y no ser hipotética o especulativa. Denegaciones también: 

• Debe proporcionar evidencia que demuestre que el proveedor de vivienda tiene un interés sustancial, legítimo y no discriminatorio que respalde la denegación.
• Debe demostrar que la política de vivienda distingue con precisión entre la conducta delictiva que indica un riesgo demostrable para la seguridad / propiedad de los residentes y la conducta criminal que no lo hace.

Las regulaciones de HUD que rigen algunas viviendas asistidas por el gobierno federal requieren solo dos prohibiciones permanentes: los solicitantes con un requisito de por vida para registrarse como delincuente sexual y los solicitantes condenados por fabricar metanfetamina en propiedades asistidas por el gobierno federal.

Ejemplos de Posible Discriminación Basada en Antecedentes Penales

• Un proveedor de vivienda no alquilará a un inquilino masculino porque cumplió condena en prisión por robo o posesión de drogas hace 30 años, pero no ha tenido problemas con la ley desde entonces.
• Un proveedor de vivienda descarta automáticamente cualquier solicitud en la que el posible inquilino haya marcado la casilla preguntando si alguna vez ha sido condenado por un delito grave. 
• Un proveedor de vivienda utiliza los antecedentes penales de la persona para negar la vivienda como un medio para discriminar sobre otra base, como la orientación sexual, la discapacidad o el origen nacional de la persona. 
• Una persona tiene antecedentes penales debido a una adicción a las drogas en el pasado, pero desde entonces ha completado con éxito un programa de rehabilitación. (La recuperación de la adicción a las drogas se considera una discapacidad bajo la Ley de Enmiendas de Vivienda Justa de 1988 que prohíbe la discriminación basada en la discapacidad e incluye protecciones adicionales, como adaptaciones razonables y modificaciones razonables).

El Proyecto de Vivienda Justa

West Tennessee Legal Services está disponible para proporcionar información sobre los derechos de una persona bajo la Ley Federal de Vivienda Justa. Si cree que es víctima de discriminación en la vivienda, contáctenos al 800.372.8346 o al 731.423.0616 para obtener ayuda. Cuando sea necesario, el personal puede ayudarlo a presentar una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) u otros organismos administrativos o judiciales apropiados.

Si cree que ha sido discriminado en una situación de vivienda, complete y devuelva la tarjeta de respuesta adjunta a este folleto. Un consejero de vivienda discutirá la situación con usted y lo ayudará a decidir qué hacer a continuación. Su respuesta a nosotros se mantendrá confidencial.

“El trabajo que proporcionó la base para esta publicación fue apoyado por fondos bajo una subvención con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. La sustancia y los hallazgos del trabajo están dedicados al público. El autor y el editor son los únicos responsables de la exactitud de las declaraciones e interpretaciones contenidas en esta publicación: Tales interpretaciones no reflejan necesariamente los puntos de vista del Gobierno Federal.

Para mas informaccion o aplicar por ayuda:

West Tennessee Legal Services

www.wtls.org

Gratis: 1-800-372-8346 ext. 1250

Fax: 731-423-2600

Email: wtls@wtls.org